Tanto en el contexto global como regional, el agua y el saneamiento emergen constantemente como cuestiones críticas, particularmente debido a los efectos del cambio climático. Estos desafíos se ven agravados por los continuos y crecientes riesgos para la salud pública, incluido el COVID-19 y la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. Proporcionar estos servicios no es sólo una obligación de defender los derechos humanos, sino que también ofrece importantes beneficios económicos – cada dólar invertido en agua, saneamiento e higiene podría generar un rendimiento de hasta 21 dólares.
A pesar del potencial, el sector sufre los desafíos interrelacionados de la falta de inversión y un pobre historial de desempeño. Para cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en materia de agua y saneamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la región requiere una inversión total de 142 mil millones de dólares en infraestructura hídrica y 230 mil millones de dólares en infraestructura de saneamiento. Las decisiones tomadas por los ministerios de finanzas tienen un impacto significativo en el sector de agua y saneamiento, destacando su papel fundamental en la configuración de los resultados políticos en esta área.
Por lo tanto, la Unidad Constitutiva de la Sociedad Civil de SWA presenta cinco recomendaciones para los Ministros de Finanzas invitados a la Reunión de Ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe el 19 de Abril 2024 en Washington D.C. Estas recomendaciones se basan en aportes de diversas partes interesadas e investigaciones recientes sobre las desigualdades en el financiamiento del agua, el saneamiento y la higiene.
- Para proporcionar financiación a los más marginados, los Ministros de Finanzas están llamados a:
a) Establecer un porcentaje predeterminado del PIB para agua, saneamiento e higiene para garantizar el acceso a servicios de agua y saneamiento inclusivos, confiables y resilientes al cambio climático, especialmente para las mujeres, las niñas y los segmentos marginados de la población. Una inversión del 1,3% del PIB regional anualmente hasta 2030 permitiría universalizar el acceso al agua potable y al saneamiento gestionados de forma segura, lo que podría generar hasta 3,4 millones de empleos verdes al año.
b) Reconocer e invertir en servicios comunitarios que puedan ampliar y sostener efectivamente la cobertura de agua y saneamiento en lugares de difícil acceso como medio para reducir las disparidades en el acceso entre áreas urbanas y rurales. Esta inversión debería ir acompañada de apoyo financiero a largo plazo a las comunidades que gestionan la prestación de servicios (que actualmente se proporciona de forma voluntaria) y también debería centrarse en mejorar su resiliencia al cambio climático.
2. Para movilizar más fondos mejorando la eficiencia del sector, los Ministros de Finanzas, en estrecha colaboración con los Ministros de Sector, están llamados a:
a) Cerrar la brecha de inversión en agua y saneamiento aumentando la disponibilidad de recursos internos y mejorando la eficiencia del sector. Es crucial realizar un seguimiento de la asignación y el gasto de fondos públicos para agua, saneamiento e higiene (ASH), incluida la evaluación de los presupuestos asignados a estos servicios dentro de sectores como la educación y la salud. Herramientas como las cuentas ASH –un marco contable internacional para rastrear sistemáticamente el gasto relacionado con agua, saneamiento e higiene– también pueden respaldar esta evaluación. Las evaluaciones periódicas son esenciales para identificar debilidades en el sistema de gestión de las finanzas públicas y brechas en las capacidades de los actores e instituciones. Esto ayuda a comprender las razones de la falta de flujo financiero y a mejorar el desembolso de fondos.
b) Gravar a los superricos y a las corporaciones multimillonarias puede aumentar la capacidad fiscal del gobierno. Estos ingresos adicionales pueden utilizarse para mejorar la inversión en sectores que abordan la desigualdad, como el agua y el saneamiento, la igualdad de género y la salud, y para financiar una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Según el BID, América Latina y el Caribe es la región mas desigual. El 10% de los que más ganan recibe 12 veces los ingresos del 10% más pobre. Para abordar esta disparidad, los ministros de finanzas pueden emplear varias estrategias fiscales, incluida la implementación de impuestos únicos y solidarios sobre el patrimonio, gravar las ganancias corporativas inesperadas, aumentar los impuestos sobre las ganancias por dividendos y aumentar las tasas impositivas para el 1% más rico, con tasas aún más elevadas para los multimillonarios.
c) Establecer mecanismos robustos para la divulgación pública de toda la información relacionada con la asignación financiera y la utilización de fondos en el sector de agua y saneamiento, especialmente para aquellos que se quedan atrás. Esto garantizará que todas las contribuciones financieras (incluidas las contribuciones de la comunidad y la sociedad civil) se contabilicen en el proceso de presentación de informes del gobierno local y del sector nacional y posteriormente se incluyan en los procesos de presupuestación del sector.
d) Implementar herramientas, alineadas con las normas de transparencia y rendición de cuentas del sector público, que permitan la supervisión pública de cómo se gastan las inversiones del gobierno, el sector privado y los bancos multilaterales.
e) Asegurar que los procesos presupuestarios sean inclusivos y transparentes mediante la creación y fortalecimiento de los mecanismos de participación. Se debe incluir a las personas marginadas, especialmente las mujeres y los grupos indígenas, en los procesos de planificación presupuestaria.
f) Asignar fondos para asegurar el cumplimiento de la legislación que proteja el medio ambiente, las fuentes de agua y las áreas de recarga hídrica de la deforestación y la minería.
3. Para maximizar los beneficios de la financiación existente mediante una mejor focalización de los subsidios, se pide a los Ministros de Finanzas: Mejorar los sistemas de subsidios para garantizar que no apoyen a las personas con mayores ingresos sino que se centren en los grupos más marginados. Actualmente, la mayoría de los sistemas de agua corriente y alcantarillado se benefician de subsidios gubernamentales directos o indirectos para su construcción, operación y mantenimiento, y sólo una parte de estos costos se recupera a través de tarifas. Esto significa que los hogares con conexiones de agua corriente, generalmente en comunidades más ricas, se benefician de subsidios que no están disponibles para los hogares sin conexiones, que generalmente se encuentran en vecindarios de bajos ingresos. Por lo tanto, es necesario rediseñar las tarifas para beneficiar a los hogares de bajos ingresos. Si bien los ministros y/o reguladores del sector son responsables del diseño de los subsidios, son los ministros de finanzas quienes otorgan la autorización y las asignaciones presupuestarias necesarias. Es esencial una mejor coordinación entre los ministerios en materia de subsidios para asegurar que los subsidios estén mejor focalizados. Ésta es una forma de lograr calidad y asequibilidad, que son dos criterios esenciales de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
4. Para garantizar que las soluciones financieras innovadoras se implementen con integridad, los Ministros de Finanzas deben:
a) Invertir en adaptación y mitigación del cambio climático para garantizar servicios de agua y saneamiento resilientes. Esto reducirá los costos y brindará oportunidades de empleo verde a largo plazo.
b) Establecer procesos de buena gobernanza para prevenir la corrupción en el financiamiento climático. Sin estándares sólidos de integridad y gobernanza, el financiamiento climático puede desviarse de importantes actividades de prevención y adaptación y usarse para fines privados, lo que tendría consecuencias catastróficas para las comunidades vulnerables. Los ministros de finanzas deberían revisar las políticas contractuales para incluir un porcentaje de los costos generales del proyecto para incorporar soluciones de mitigación de riesgos y basadas en la naturaleza. Esto también permitirá aprovechar estas inversiones como garantía y acceder a fondos adicionales para proyectos.
5. Para salvaguardar los intereses de los marginados en tiempos de austeridad y crisis de deuda, los Ministros de Finanzas están llamados a:
a) Respetar el principio de no retroceso, que supone evitar recortes presupuestarios en servicios esenciales como el agua y el saneamiento. Los Ministros de Finanzas también deben garantizar que haya suficiente financiación para cumplir con los estándares de calidad, cantidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los derechos humanos.
b) Negociar disposiciones responsables de endeudamiento y préstamo de bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales, que permitan contingencias por desastres climáticos y pandemias. Es imperativo exigir nuevos Derechos Especiales de Giro justos para financiar la eliminación de las desigualdades en el acceso a los servicios públicos en línea con la Agenda 2030 de la ONU y el Acuerdo de París sin incurrir en nueva deuda. Se debe evitar cualquier nueva solución que cree deuda para abordar la crisis climática, como enfoques basados en el mercado y canjes de deuda, si no priorizan los intereses de las comunidades.
Hacemos un llamado a los ministros de finanzas para que trabajen estrechamente con los ministros del sector y tomen medidas decisivas y prácticas para implementar las recomendaciones anteriores hechas por la sociedad civil y las comunidades. Es crucial reconocer el poder de la acción colectiva para lograr los compromisos regionales bajo la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN) y la ambiciosa Agenda global de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dado que Brasil es el anfitrión de la reunión del G20, es imperativo mejorar la colaboración dentro de la región para impulsar acciones catalizadoras y desarrollar planes de inversión y financiamiento que aborden las desigualdades y promuevan la resiliencia climática de estas comunidades.
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